MANIFIESTO POR LA CAUSA ARGENTINA

Un grupo de hombres y mujeres que creen en la política como instrumento del bien común, superando el debate del pasado, sin olvidarlo, para concentrarnos en el presente, clave del futuro, reunidos bajo la advocación plural de Causa Argentina y conscientes de la centralidad de un conjunto de ideas-fuerza, nos dirigimos con nuestro Manifiesto, al Pueblo Argentino, a los candidatos legislativos y a todo dirigente político y social bien-intencionado, por el cual propugnamos un necesario compromiso pre- y post-electoral, a saber, a) implantar medidas de urgencia para rescatar de la pobreza o la indigencia a más de doce millones de argentinos, b) producir una profunda transformación ética en la cultura cívica, las instituciones públicas y los procedimientos políticos, c) lograr la recuperación y perfeccionamiento de una democracia republicana, integrada, solidaria y federal que no sólo restaure la jerarquía constitucional del Congreso Nacional sino que refuerce su protagonismo político y su prestigio social, d) garantizar la seguridad ciudadana y la paz interior; e) organizar y valorizar la política exterior y la defensa nacional, f) refundar el Estado en base a méritos e idoneidad.

Situación “plebiscitaria”
La Nación Argentina se encuentra en una situación límite. En medio de la tormenta económico-financiera de alcance mundial, los argentinos hemos sido convocados a las urnas para decidir sobre la renovación de sus representantes en el Congreso. No se trata de una votación ordinaria, sino de un verdadero “plebiscito” sobre la continuidad, de cara a la próxima elección presidencial, de un Gobierno que, por múltiples razones, ha afectado gravemente el normal funcionamiento de las instituciones republicanas. En tanto la población percibe claramente los efectos económicos y sociales del mal ejercicio del Gobierno, las verdaderas causas del malestar popular permanecen hasta cierto punto ocultas o disimuladas.
La misión que desde Causa Argentina nos hemos impuesto frente al desafío de la hora consiste en demostrar el vínculo estrecho que existe entre las acciones del oficialismo y la situación de inestabilidad económica, empobrecimiento social, inseguridad pública y degradación institucional hoy vigente. Sólo después de este sinceramiento sistemático con la realidad más apremiante, será posible afrontar la tarea de reconstruir la Nación sobre bases perdurables en el tiempo.

La elección de junio
El adelantamiento de la elección prevista para octubre, genera de por sí una gran incertidumbre política. En efecto: ¿advierte el oficialismo y la oposición qué situación se produciría en el caso de que los resultados de junio deparen –como es casi seguro- la pérdida de la mayoría oficialista en una o en ambas Cámaras? Tendríamos, hasta el mes de marzo de 2010, fecha de inicio de las sesiones ordinarias del periodo siguiente, un Congreso en funciones deslegitimado por el voto mayoritario de la ciudadanía y otro, no operativo, pero respaldado por la elección popular. Es dudoso que se pueda imaginar un escenario más conflictivo e impredecible.
Es por este motivo que la oposición debe tener una conducta muy transparente y decidida, tanto antes de la votación de junio, con el objeto de neutralizar la prédica alarmista que pretende sembrar la falsa disyuntiva entre la hegemonía parlamentaria oficialista o el caos, como inmediatamente después de dicho acto eleccionario. La obtención de una mayoría legislativa, en estas circunstancias, es imprescindible para afrontar el tiempo que resta hasta la elección presidencial de octubre de 2011. Dos años y medio en los que será necesario alcanzar un mínimo de estabilidad económica y de paz social mediante la sanción de un cuerpo de leyes fundamentales -y la modificación o derogación de otras- a fin de que, desde 2010, se vaya aprobando y ejecutando una serie de reformas estructurales que permitan diseñar un futuro de prosperidad y justicia social.
Esta exigencia de la realidad obliga a un compromiso claro y contundente de los futuros legisladores, y en general, de toda la dirigencia política y social, en el sentido de explicitar a todos los votantes por qué esta consulta implica un nuevo “contrato” entre el pueblo y sus representantes. Pacto de honor por el cual los partidos ofrecen un programa de acción legislativa coherente y efectiva, y los ciudadanos lo aceptan, o no, al momento de depositar su voto. Sin este compromiso, prevalecerán la lucha de facciones, la confusión y la indiferencia popular. El mayor perjudicado será el pueblo argentino y el destino de la nación.

Compromiso instituyente
Frente a un poder carente de escrúpulos, que ha degradado las instituciones, hasta privarlas de su intrínseco sentido constitucional, aquel compromiso es posible si se lo establece sobre un mínimo común denominador. Es decir, si todos los líderes políticos, sean o no candidatos, se esfuerzan en coincidir en la evaluación de una realidad apremiante y en la propuesta para asumir como propias las acciones que conduzcan a minimizar el riesgo de que una situación de ingobernabilidad, y el riesgo de violencia, obstruya una alternancia pacífica en diciembre de 2011.
Aunque la estructura del Poder Ejecutivo no se vea alcanzada en forma directa 3por el resultado electoral de junio, es sin embargo impredecible la reacción gubernamental ante una derrota, lo que acentúa la importancia de acceder a la mayoría legislativa. Contando con esta mayoría, la oposición puede generar iniciativas que, convertidas en leyes, pondrían a la Presidencia ante la disyuntiva de vetarlas – con la posibilidad de insistencia legislativa y obligar a su promulgación-, o a promulgarlas sin objeciones aunque fuera reticentemente y su aplicación incierta. (Artículos 77, 78 y 83 de la Constitución Nacional). En cualquiera de estas dos hipótesis, la acción legislativa de diciembre de 2009 a octubre de 2011, podrá demostrar las virtudes de una oposición que puede aspirar, con títulos suficientes y si opta por la grandeza, la justicia y la dignidad, a gobernar la Nación ética, democrática y republicanamente.
Asumir este compromiso con la realidad, obliga a privilegiar aquellas medidas de gobierno que puedan impulsarse e instituirse desde el Poder Legislativo en una situación política excepcional, tal como la que se presentará cuando el oficialismo pierda el control del Congreso, o al menos de la Cámara de Diputados, en diciembre de este año.

Progreso y solidaridad.
Es en las crisis profundas cuando los pueblos necesitan asumir el desafío del presente como impulso necesario para proyectar un futuro mejor para todos. Y si vivimos un tiempo signado por la incertidumbre, el miedo y el escepticismo, se hace imprescindible volver a la Política, entendida como el arte de mancomunar el pensamiento y activar la voluntad en aras de la solidaridad social. Sólo el Estado, en cooperación con las fuerzas representativas de la sociedad civil, puede conciliar y compensar las contradicciones inherentes a la diversidad de intereses de grupo para asegurar el bien común. Lo peor que nos puede suceder es que, desde los más altos niveles del poder, se estimulen los conflictos hasta el límite de la anomia y la violencia. Es asimismo intolerable que se continúe en la práctica de utilizar la pobreza, la marginalidad y la vulnerabilidad de los más desfavorecidos y empobrecidos, transformándolos en clientes y prisioneros del subsidio que los condena y perpetúa como masa de maniobra y votantes cautivos del oficialismo de turno.
Creemos firmemente que el deber de la hora nos indica la imperiosa necesidad de poner en común las ideas, experiencias y aspiraciones de quienes no admiten ser figuras decorativas en el escenario de la política nacional, a fin de colaborar, apenas se disponga de la fuerza legislativa suficiente, con la ardua tarea de reconstruir al Estado y sus tareas esenciales: procurar la más alta calidad institucional y asegurar la estabilidad y el desarrollo de la economía, para enfrentar con la mayor prioridad y urgencia las múltiples injusticias sociales que hoy se manifiestan como auge de la delincuencia, desatención de la salud pública, degradación de la educación y desprotección de la infancia, la juventud y la ancianidad. Retomar así el verdadero progreso argentino, que debe apuntar a suprimir no sólo las carencias materiales de quienes padecen la desatención de sus necesidades básicas, sino también a satisfacer aquellas otras que hacen a una calidad de vida culturalmente deseable.

Por CAUSA ARGENTINA:

Archibaldo Lanús, Ricardo Auer, Antonio Calabrese, Carlos Campolongo, Gustavo Druetta, Octavio Frigerio, Carlos Goldstein, Teresa González Fernández, Carlos Mastrorilli, Andrés Poggi y Ricardo Saldaña.